Foto: AFP
Este martes, 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la libertad del expresidente de Perú Alberto Fujimori, quien en 2007 comenzó a cumplir una pena de 25 años por haber sido encontrado culpable de ser autor mediato de la comisión de diversos delitos durante su presidencia en la década de los noventa.
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Después de un proceso judicial de más de doce años en los que Fujimori estuvo preso (excepto entre diciembre de 2017 y octubre de 2018), un recurso de reposición de su equipo jurídico logró que este Tribunal le concediese la libertad y el indulto por “motivos humanitarios”, teniendo en cuenta su avanzada edad, resquebrajos de salud y un presunto incumplimiento a un indulto de hace seis años.
De acuerdo con la resolución del Tribunal, la salida del expresidente de prisión tendría que haberse efectuado de forma “inmediata”, ordenando “que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Director de! Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori, bajo responsabilidad”.
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Sin embargo, autoridades internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y United Nations Human Rights han rechazado la decisión del tribunal, debido a que “es un revés preocupante para la rendición de cuentas” y generaría “un daño irreparable a los derechos de acceso a la justicia de los familiares (de las víctimas de sus delitos), el cual sería irreparable”.
Este Tribunal, por su parte, se manifestó frente a las reiteradas intervenciones de la Corte IDH ante su rechazo de la libertad de Fujimori, indicando que “la resolución de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se contrapone a la ejecución de la sentencia constitucional del presente caso”, afirmando una falta de competencia por su parte frente a esta resolución.
