El desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro en Antioquia ha sido ampliamente criticado, muestra de ello es la convocatoria de la marcha del pasado 21 de abril. Entre los cuestionamientos más fuertes se encuentran la intervención de Savia Salud EPS que cuenta con 1,67 millones de afiliados y la intervención a Comfenalco EPS, la pérdida de la delegación minera para Antioquia que estaba vigente desde 2001, la poca claridad frente a los recursos para las Vías 4G y el incierto proceso de paz con grupos armados en la región.
Por otro lado, el gobierno del presidente Petro ha señalado avances en áreas como, la formalización de 11 mil hectáreas de tierra para familias campesinas y víctimas, la entrega de seis predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en calidad de comodato en diversas localidades del departamento. Además, se firmaron 50 convenios con Juntas de Acción Comunal (JAC) para el arreglo de vías terciarias en 30 municipios y se establecieron programas de transferencia ciudadana como Rentas Ciudadanas, Jóvenes en Paz y Capital Semilla.
El Ministerio de Vivienda firmó un convenio para la construcción de 145 casas rurales en Vigía del Fuerte. Uno de los avances más significativos para Antioquia fue la restitución de 12.394 hectáreas al Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé, un paso histórico para las comunidades negras entre Frontino y Urrao, quienes lograron recuperar sus territorios tras un largo proceso judicial.
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