La presidenta de Perú, Dina Boluarte, firmó un decreto que cataloga las identidades de género diversas como “trastornos mentales”, generando una gran preocupación entre expertos y activistas que consideran esta decisión un retroceso en materia de derechos LGBTIQ+. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya no considera la homosexualidad ni la transexualidad como enfermedades mentales, el pasado 10 de mayo el gobierno peruano aprobó un decreto que clasifica las identidades de género diversas como “trastornos mentales”.
Este documento ha generado alerta entre quienes trabajan por los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, ya que, según ellos, supone un retroceso en sus derechos y contradice las disposiciones de organismos internacionales. Por su parte, el gobierno peruano argumenta que no se trata de una medida discriminatoria y que, por el contrario, es la mejor forma de garantizar el acceso de estas personas al sistema de salud.
El decreto en cuestión actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud del país, el cual contiene el listado de procedimientos médicos básicos a los que cualquier persona afiliada al sistema de salud puede acceder. En el apartado de problemas de salud mental, se incluyeron términos como “transexualismo, transvestismo de rol dual, trastorno de identidad de género en la niñez, otros trastornos de identidad de género, trastorno de la identidad de género (no especificado), transvestismo fetichista y orientación sexual egodistónica”.
El gobierno afirma que el decreto, firmado por la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Salud, César Vásquez, y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, busca garantizar el derecho de las personas trans de acceder gratuitamente a los servicios de salud mental. Herberth Cuba, asesor del ministro de Salud, declaró a CNN que, “aunque pueda parecer contradictorio, es la única forma de asegurar el beneficio de las atenciones de salud mental integral a toda la población, incluyendo la LGTBI”. Así, una persona trans que quiera realizar modificaciones en su cuerpo podría acceder a hormonas o cirugías.
Sin embargo, activistas LGBTIQ+ destacan que esta normativa no tuvo en cuenta que en 2018 la OMS despatologizó a las personas trans y de género diverso, eliminando las categorías que las consideraban enfermas y creando un nuevo capítulo sobre “condiciones relacionadas con la salud sexual”. En cambio, el decreto del gobierno peruano se basa en una versión desactualizada de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que sí consideraba la transexualidad como un trastorno mental antes de 2018. El Ministerio de Salud confirmó que mantiene esta versión mientras se implementa progresivamente la modificación de la OMS de 2018, “tal como ocurre en otros países de la región”.
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Para Leyla Castillo, activista defensora de los derechos de las personas trans y fundadora de Féminas Perú, esto es una contradicción, pues la misma institución reconoce que está desconociendo el manual de diagnósticos vigente, promoviendo la estigmatización de las personas trans y “abriendo una puerta para que las terapias de conversión se hagan realidad en el país. Esto no es una ayuda, es una estrategia política para anular nuestros derechos y exterminarnos”, alertó.
Esta situación ha generado un intenso debate en el país, con numerosos llamados a revisar y actualizar las políticas de salud para que estén en línea con las recomendaciones internacionales y los avances en derechos humanos.
