El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín ha ordenado a la Alcaldía de Medellín y a Empresas Públicas de Medellín (EPM) que aporten el estudio técnico-económico relacionado con el avalúo de las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones. Esta solicitud surge tras la revelación en 2023 de que las acciones de la empresa estaban valoradas en el mercado entre 2.3 y 2.8 billones de pesos, lo que genera preocupación sobre el valor real en que se podría vender.
En una sesión del Concejo de Medellín de 2024, el alcalde Federico Gutiérrez afirmó que el valor contable de estas acciones era de 1.5 billones de pesos, lo que, según él, justifica el proyecto de acuerdo de vender y que fue aprobado por esa corporación. Esta declaración ha levantado cuestionamientos sobre la transparencia y la correcta valoración de los activos de la ciudad, especialmente en un contexto donde el patrimonio público está en juego.
La decisión de vender TIGO UNE ha sido objeto de una acción popular interpuesta por el abogado Esteban Manco. Este recurso legal busca garantizar la protección del patrimonio público y la moralidad administrativa, argumentando que la venta podría comprometer los intereses de los ciudadanos.
