La Procuraduría General de la Nación, abrió una indagación previa “por presuntas irregularidades en la asignación de recursos a 23” Empresas Sociales del Estado (ESE), “de los entes territoriales de Cundinamarca, Boyacá y Córdoba”.
La investigación que adelanta la Procuraduría, recaerá en contra de “servidores públicos por determinar del Ministerio de Salud y Protección Social, la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), y varias ESE”, de los departamentos arriba enlistados.
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“La Delegada para la Economía y Hacienda Pública señaló que se buscará establecer si hubo una posible trasgresión a lo ordenado por la Resolución 2788 de 2022, y si se omitió cumplir con el requisito que obligaba a crear equipos básicos de salud en modalidad extramural.” Así lo afirma el comunicado del ente de control, en el que se agrega; “ el organismo de control revisará si se pasó por alto la presentación de los reportes de rendimientos financieros a la ADRES, y si los criterios de asignación a las ESE que resultaron beneficiadas a nivel territorial fueron tenidas en cuenta”.
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