El Gobierno del presidente Gustavo Petro, anunció el levantamiento del estado de Conmoción Interior, por medio del Decreto 0467 de 2025; estado de excepción que había sido declarado el 24 de enero en la región del Catatumbo y áreas circundantes.
Esta medida excepcional se implementó en respuesta a una grave crisis de orden público provocada por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, que resultaron en más de 60 muertes y el desplazamiento de aproximadamente 40,000 personas.
Durante los 90 días de vigencia del estado de excepción, el Ejecutivo expidió al menos 16 decretos con fuerza de ley, dirigidos a abordar la emergencia humanitaria y restaurar el control institucional en la zona afectada.
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Aunque el estado de conmoción interior ha concluido, el Decreto 0467 estipula que varios de los decretos emitidos durante su vigencia continuarán en efecto. Estos incluyen medidas para agilizar la entrega de tierras a víctimas del conflicto y excombatientes; facilitar la refinanciación de deudas en el sector agropecuario; y permitir la reorientación de rentas específicas para financiar gastos de funcionamiento en entidades territoriales. Además, se mantienen disposiciones que facultan a autoridades locales para intervenir en el abastecimiento de combustibles y en la gestión de recursos del Sistema General de Participaciones, con el objetivo de asegurar la continuidad de servicios esenciales en las comunidades afectadas.
La decisión de mantener vigentes ciertos decretos tras el levantamiento del estado de excepción ha generado debate entre expertos y organizaciones de derechos humanos. Si bien estas medidas buscan consolidar la recuperación institucional y social en el Catatumbo, persisten preocupaciones sobre posibles abusos de poder y la falta de supervisión efectiva en su implementación. La Corte Constitucional, encargada de revisar la legalidad de los decretos emitidos durante estados de excepción, aún no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad. Este contexto subraya la necesidad de un equilibrio entre la eficacia gubernamental en situaciones de crisis y la preservación de los derechos fundamentales y el estado de derecho en Colombia.
