Mientras ejercía su cargo público como concejal de Medellín, Bernando Guerra señaló públicamente que la abogada Carmen Torres Sánchez, en ese momento defensora del contralor departamental Sergio Zuluagase dedicaba, junto con su esposo, a realizar malas prácticas médicas en consultorios de garaje en Medellín.

Por estos hechos, en 2017 la corte constitucional obligó a Guerra a rectificar públicamente. Sin embargo, este año la procuraduría señaló que Guerra Hoyos había desconocido los derechos al buen nombre, la honra y la integridad de la abogada, los cuales debía proteger por ser autoridad para ese momento.

La Procuraduría calificó la presunta conducta del exconcejal como una falta grave cometida a título de dolo y presuntas manifestaciones injuriosas y calumniosas contra una ciudadana.