En un comunicado reciente, el Ministerio del Trabajo, en cabeza de Antonio Sanguino, celebró el respaldo expresado por la Procuraduría General de la Nación al proyecto de reforma pensional del Gobierno Petro.
Sin embargo, el espaldarazo ha sido recibido con escepticismo por diversos sectores, especialmente por quienes cuestionan la cercanía ideológica entre el Ejecutivo y organismos que, en teoría, deberían mantener su independencia. Críticos advierten que este tipo de pronunciamientos comprometen la imparcialidad institucional de la Procuraduría y podrían interpretarse como un intento de suavizar la resistencia que enfrenta la reforma en la opinión pública y en el Congreso. Además, no se ha abordado de fondo si el nuevo esquema propuesto —basado en un pilar contributivo con mayor participación estatal— realmente solucionará la sostenibilidad financiera del sistema.
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En medio de una coyuntura marcada por tensiones entre el Gobierno y distintos órganos de control, este respaldo simbólico refuerza las suspicacias sobre una reforma que aún carece de consensos técnicos amplios y sociales sólidos. La celebración oficial contrasta con las preocupaciones de académicos, trabajadores y sectores económicos que exigen mayor claridad sobre los impactos fiscales y la viabilidad a largo plazo del nuevo modelo. Mientras tanto, el Gobierno continúa su apuesta por avanzar a toda costa, mientras los debates de fondo siguen sin resolverse.
